A lo largo de la historia de Chile, al menos desde mediados del siglo XIX, se ha sistematizado un fenómeno que la historia ha recogido de manera anecdótica, sin darle la real importancia que los hechos de las últimas semanas han dejado en evidencia. Dicho fenómeno puede caracterizarse como el permanente éxodo de las élites, huyendo de los barrios en que estaba obligada a compartir un mismo espacio con el resto de la sociedad.

Las discusiones actuales sobre segregación urbana tienden a tratar este problema desde la distribución desigual de servicios, o desde el acceso a oportunidades de manera sectorizada, acompañando muchas veces esos análisis de mapas de Santiago donde se evidencia esa separación física entre las élites y el resto de la población. Es verdad que esa segregación se expresa en dichos problemas, pero probablemente el menos medido y más fuertemente caracterizador de la sociedad actual es uno de los que más han sido denunciados por los manifestantes de las últimas semanas: la desconexión de quienes toman decisiones respecto al resto de la población.

En efecto, si hoy en Chile cohabitan dos sociedades que no se encuentran en ninguno de los espacios que debieran compartir, en lo que se podría perfectamente definir como una situación de apartheid, ello es posible porque el nivel de ingresos se ha convertido en una condición extrema de segregación espacial urbana. Esta segregación está sostenida por la existencia paralela de un sistema de educación de relativa buena calidad para quienes pueden pagar y otra educación de relativa mala calidad para quienes no pueden; un sistema de excelentes autopistas urbanas para conectar a quienes pueden manejar un auto propio (o varios) y un sistema precario y caro de transporte público para quienes no pueden pagar un auto; un sistema privado de salud que se financia sin solidaridad y con recintos de calidad primermundista (que atiende solo a alrededor del 15% de la población) para quienes pueden pagar los planes de salud de Isapres y un sistema público que atiende al 85% restante en recintos mal mantenidos y peor abastecidos, y financiados solidariamente por quienes tienen menos recursos y solo por ellos; un sistema de pensiones basado en ahorro individual que premia a quien ha podido destinar parte de su sueldo (ya generoso) para sus gastos futuros, aumentados por un APV al que solo ellos tienen acceso, obviamente, y que condena a la mayoría a una vejez de pobreza porque no toma en cuenta las particularidades del mercado laboral chileno (y que para mejorar las pensiones que el sistema debería asegurar, obliga al Estado a financiar lo que falta).

Desigualdades y segregaciones espaciales como estas ocurren en muchas partes del mundo, pero en pocos lugares esta segregación es tan férreamente marcada en el territorio como lo es en Chile, en general, y en Santiago, en particular. Las imágenes de grupos de “vecinos” de Vitacura reunidos en una plaza, armados y cantando el himno nacional para prepararse para la invasión de los “pobladores” que vendrían a asaltar sus barrios, o los enfrentamientos e insultos clasistas en el Portal de La Dehesa reflejan de manera perfecta esta cohabitación de dos sociedades que no se conocen y que, como todo lo que no se conoce, se temen.

Este ordenamiento de la sociedad en base a una separación física es algo que debiera ser estudiado y sobre lo que se debería discutir no para limitarse a caracterizarlo, describirlo y analizarlo, sino que para encontrar maneras de superarlo y revertirlo, porque está, a mi parecer, en el origen mismo de todo lo que hoy tiene a Chile levantado y exigiendo por un nuevo pacto social.