En las últimas semanas, hemos sido testigos de la violencia epistémica y física desmedida con que el Estado chileno ha afrontado las movilizaciones sociales en diferentes lugares del país. Este modo colonial de responder a las múltiples expresiones de colectividades que resisten a la globalización neoliberal y que ejercen su legítimo derecho de protesta, ha sido una política estatal que puede ser evidenciada en los diferentes gobiernos de la transición democrática, tanto en los territorios del norte y centro, pero sobre todo en las comunidades indígenas del sur. La diferencia con la escena actual es que, por primera vez desde el inicio de la democracia, son los militares y fuerzas policiales quienes toman el control total de las calles de ciudades y también, de los cuerpos. Reaparece entonces, la herida crónica de Chile, lo inexpresable.

Las dictaduras en América Latina, plantea Elizabeth Jelin, tuvieron especificidades de género. En ellas podemos identificar la dualidad actor/poder masculino y pasividad/exclusión feminizada. El poder masculino representado por militares y fuerzas policiales, en los contextos de la represión, se acompañaba de performances materializadas en cuerpos y prácticas concretas en ciertos espacios, allí la masculinidad de los torturadores se afirmaba en su poder absoluto para producir dolor y sufrimiento, en reducir al otro u otra en víctima pasiva, en cuerpo penetrado. En el marco de la represión ejecutada en la dictadura militar chilena del pasado reciente, el cuerpo femenino era un objeto especial para los torturadores, su tratamiento implicaba una alta dosis de violencia sexual. En el caso de los cuerpos masculinos, la tortura implicaba un acto de feminización, en tanto eran transformados en seres pasivos e inferiores.

Luego de 30 años de una fallida transición en Chile, el sistema de género anteriormente descrito se ejecuta de manera institucionalizada por agentes patriarcales. En las protestas de octubre de 2019, según los datos entregados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, existen 18 acciones judiciales por violencia sexual, en su mayoría de mujeres, y 120 por otras torturas, cifras que por cierto van en aumento. Hasta el día de hoy la ministra Isabel Plá Jarufe, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, hace caso omiso a estos actos de violencia.

Nuestros territorios y cuerpos nuevamente son marcados por una llaga que nos recuerda y recordará la violencia de Estado. El gobierno chileno y su barbarie, una vez más, es indefendible.