La violencia del estado de excepción expone la fragilidad y precariedad que compartimos frente al aparato policial y militar que ocupa las calles de nuestras ciudades, para amedrentar la protesta y la mera expresión del deseo de un cambio. Los cuerpos apaleados, gaseados, desnudados a la fuerza, heridos por balas, balines o perdigones; los muertos -sí, los muertos, ¿acaso nos creíamos inmunes en el oasis?- son la evidencia brutal de esa precariedad común.
Tenemos también en común un pasado de barbarie que olvidado o ignorado por muchos, ha emergido en estos días con tonos siniestros recordándonos que el estado de derecho y los derechos no son sino una entelequia a menos que los ejerzamos y exijamos, colectivamente y por todos los medios posibles.
Judith Revel y Toni Negri han escrito que lo que tenemos en común no es un origen, sino aquello que hacemos en común; la historia, sin embargo, no forma parte de aquella supuesta esencia, sino que constituye un material ineludible de nuestro presente. Es por ello que escribimos hoy desde la universidad, para denunciar que este estado de emergencia, de facto estado de sitio, no es una anécdota o un simple procedimiento, sino una amenaza gravísima contra la posibilidad misma de lo común.
Ahora, si lo que nos define es aquello que hacemos en común, cabe en este escenario extremo preguntarse justamente qué es eso que hacemos. La universidad contemporánea y quienes la habitamos estamos totalmente inmersos en el sistema contra el cual hoy el pueblo chileno ha decidido manifestarse luego de casi cuarenta y cinco años de su instalación bajo dictadura. Ya no es sólo un problema de ser el único país de América Latina donde las universidades públicas cobran aranceles a sus estudiantes; tampoco el asunto se reduce al cuasi inexistente soporte económico del Estado, que convierte a nuestras corporaciones en universidades privadas de propiedad estatal.
El problema principal es que la estructura de funcionamiento de la academia, de creación y legitimación del saber en las universidades chilenas, opera sobre la base de eliminar la producción de lo común, privilegiando la privatización del conocimiento. Nuestras formas de trabajo en investigación y creación están fundamentalmente definidas por sus mecanismos de financiamiento, orientados al trabajo individual y evaluados mediante métricas cuya definición excesivamente cuantitativa no hemos sido capaces de poner en cuestión. Por otra parte, la producción investigativa se valida mediante la publicación en revistas cuya propiedad está mayoritariamente en manos de enormes conglomerados transnacionales, que se apropian del trabajo académico para luego establecer barreras de pago para el acceso a ese conocimiento.
El estado de excepción se ha impuesto en Chile para desbaratar la intención de redefinir los parámetros de lo común. Como universitarias y universitarios, debemos desafiar las restricciones a nuestra libertad y ser capaces de abrir y multiplicar los canales de producción, circulación y crítica del trabajo académico, instalando preguntas que desestabilicen los marcos de lo existente y poniendo en común aquello que sabemos y también aquello que ignoramos.