“Ciudad Participativa es una ciudad en la que se promueve la libre participación de todos sus habitantes, generando un sentido de pertenencia no excluyente que mejora la cohesión social y las interacciones culturales como base de sociedades plurales, multiculturales y vivas”
Nueva Agenda Urbana (NAU), Hábitat III, Quito 2016.

Participación, según la RAE, es la acción y efecto de participar, lo cual no dice nada. Participar: dicho de una persona, “tomar parte en algo”, pero como un acto individual. La participación, la colaboración, la co-construcción del espacio público, del barrio, de la comuna, sin embargo, es un acto colectivo y social. “Significa compartir algo con alguien, de modo que la participación es siempre un acto social” (Merino, 2001). Significa, entonces, poner a las personas al centro de cualquier acción o intervención, pública o privada; es el diseño centrado en las personas, basado en sus necesidades o requerimientos, a escala humana, multifuncional, integral y flexible.

En Chile, el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones (Ley 20.500, 2011)¹. Esta ley establece 4 mecanismos obligatorios de participación: Consejo de la Sociedad Civil, Cuentas Públicas Participativas, Consultas Ciudadanas y Acceso a Información relevante. ¿Nos hemos dado el tiempo de evaluar que tan participativos, inclusivos, abiertos y transparentes son los mecanismos usados por las distintas instituciones del Estado?

Uno de los 12 principios de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, promulgada en Chile el 2014, se refiere explícitamente a la necesidad de una gestión participativa en el capítulo de institucionalidad y gobernanza: “la actual institucionalidad fragmentada, reactiva, centralista e informativa, debe avanzar hacia una integrada, planificada, descentralizada y participativa”.
¿Cuánto hemos avanzado en estos 5 años?

Las ciudades democráticas son aquellas que, además de declarar la importancia de la participación ciudadana, despliegan canales suficientes y útiles a fin de que cada persona pueda encontrar los medios más adecuados a sus propias características y, así, implicarse en la construcción colectiva de las políticas que le afectan². ¿Qué ciudades en Chile podrían considerarse realmente democráticas?

Porque si parece que contamos con una institucionalidad que posibilita y exige la participación, en las movilizaciones recientes las personas y organizaciones parecieran gritar ”estoy aquí!!! existo!!!, tengo voz“. Definitivamente ellos no se sienten parte ni del diagnóstico ni de las alternativas de solución de ninguna acción a ninguna escala, no se sienten parte de la co-construcción colectiva de la ciudad. Todo lo han decidido otros, por tanto su sensación y sentimiento es de imposición, de falta de reconocimiento como un igual.

¿Donde está la voluntad política y el compromiso funcionario, de profesionales y técnicos que debieran desarrollar esos procesos participativos, inclusivos, ampliamente informados? ¿Cómo pueden la comunidad, COSOC³ y organizaciones sociales territoriales y funcionales expresar sus necesidades, su mirada, su experiencia de vida en relación un espacio, en cualquier escala territorial?

Sin duda se requiere de más socialización, fortalecimiento y generación de confianza. De una estrategia participativa integral, transversal y continua, en las diferentes escalas (barrio, unidades vecinales u otra sectorización), en todas sus etapas: diagnóstico, propuestas, toma de decisión, control y seguimiento. Se requiere valorar y realizar una convocatoria, ampliada y diversa, acercándose a la comunidad. Necesitamos redescubrirnos como ciudadanas/os con iguales deberes y derechos.

¹. Ley 20.500, Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Chile, art. 69.

². Ayuntamiento de Barcelona, convocatoria a la XVIII Conferencia del Observatorio Internacional de la
Democracia Participativa (OIDP) Barcelona, noviembre 2018.

³. COSOC, Consejo de la Sociedad Civil, organización creada por la Ley 20.500.